La fundación, conducida por el legislador porteño Gustavo Vera, vuelve a la carga con una explosiva denuncia contra la Procuradora General, Alejandro Gils Carbó, y la fiscal Cristina Camaño, ambas ligadas a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. La presentación apunta, en concreto, a la flamante Dirección de Observaciones Judiciales, encargada de las pinchaduras telefónicas.
Es el organismo anunciado a comienzos de año, luego del temblor que causó la muerte de Alberto Nisman y la irrupción en escena de Jaime Stiuso, ex aliado del Gobierno ahora enemistado. A la reforma de la ex SIDE iniciada a fines del año pasado, seguía la creación de este nuevo cuerpo, que recibía las facultades antes atribuidas a la agencia de inteligencia.
Vera asegura que nada de eso cambió y que actualmente funciona como en tiempos de Stiuso. Afirma que sufrió tareas de espionaje e inteligencia, incluyendo la pinchadura de su correo electrónico.
"Es una denuncia por asociación ilícita, espionaje ilegal. Estamos presentando una denuncia contra estas dos personas", manifestó Vera esta mañana.
"Siguen activas las cuevas donde funcionaba Stiuso, sin cartel identificatorio y sigue siendo un lugar para acciones reñidas con las prácticas democráticas. Funciona el sistema de escuchas ilegales. No todas las escuchan responden a juzgados, con los cuales estamos en presencia de un sistema de escuchas ilegales", manifestó.
No está seguro del motivo, pero tampoco duda a la hora de apuntar. Puede ser por un informe que presentaron recientemente, con observaciones al Ministerio de Seguridad, o sus conocidos vínculos con el Papa Francisco.
Este lunes harán una movilización a la sede de la Procuración General, junto a distintas agrupaciones, entre ellas la secretaría de Derechos Humanos de la CGT. "Es una movilización para protestar contra este sistema de espionaje ilegal porque es una locura poner esto en manos de una sola fuerza, sin un sistema de multicontrol", reflexionó.
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